Inyección pública millonaria a
los astilleros: alud de demandas de enfermos por amianto
La conocida silicosis padecida
por los mineros no es la única enfermedad pulmonar derivada de la actividad
industrial que ha sufrido España. Aunque trabajaban a cielo abierto, cientos de
trabajadores de los astilleros y sus familias han sufrido los males del
amianto, que provoca una patología localizada en el pulmón llamada asbestosis.
Ello está obligando año tras año
a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a inyectar capital
público en la matriz lliquidadora de IZAR y Bazán, las antiguas sociedades
públicas de construcción naval ahora en vías de extinción donde muchos
empleados enfermaron por la exposición al polvo cancerígeno de asbesto.
Según recoge un informe de
fiscalización publicado esta semana por el Tribunal de Cuentas, "los
litigios por esta patología, que se conoce como asbestosis, han tenido un
incremento exponencial desde el año 2000 en que se produjo la primera
reclamación judicial, con sentencias en la actualidad desfavorables para IZAR y
con indemnizaciones crecientes, que han superado en algunos casos
individualmente los 400.000 euros. Los litigios abiertos pendientes de
resolución al cierre del ejercicio 2013 eran 327". Estas denuncias van
contra Izar y Bazán, pero también contra Navantia, sociedad también pública que
se creó tras la liquidación de las anteriores y que heredó gran parte de los
activos navales localizados en Cádiz, Cartagena y Ferrol.
Según destaca el órgano de
fiscalización público, en las provisiones para responsabilidades y litigios de
IZAR (de casi 31 millones de euros en 2013) destacan las partidas
correspondientes a la cobertura de las reclamaciones judiciales de empleados de
los astilleros públicos, solicitando indemnizaciones por los daños y perjuicios
ocasionados al haber tenido exposición en su trabajo al amianto, sustancia
cancerígena cuyo uso y comercialización fueron prohibidos en España en 2001.
Pese a las numerosas sentencias
que han ido condenando a los astilleros públicos a indemnizar a sus
trabajadores, en 2016, último año en el que IZAR ha hecho balance, aún mantenía
una provisión superior a los 16 millones de euros para cubrir este tipo de
contingencias legales. Aunque desde la SEPI aún no ofrecen el acumulado de
reclamantes actual, cada año han tenido que seguir aportando capital para hacer
frente a las demandas de los enfermos por el amianto.
En las cuentas de 2013 el auditor
de IZAR, PwC, mostraba "especial preocupación" por las demandas por
asbestosis que "se multiplicaban al extenderse a todas las áreas
geográficas en que estuvieron presentes los antiguos astilleros públicos".
En 2014 señalaba que "entre los litigios laborales apuntados, los de mayor
relevancia a futuro son los derivados de las reclamaciones por asbestosis,
tanto por su incremento en términos absolutos como por los riesgos económicos
asociados, unido a las dificultades de defensa para IZAR dada la antigüedad de
su origen y su contexto".
